Contrato en el gobierno de Juan Manuel Santos; Con firma del hoy magistrado César Reyes.
El contrato fue firmado con Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores Ltda, firma de la que era socio del magistrado César Augusto Reyes, quién estaba a cargo de la investigación de Álvaro Uribe.
5 Sep, 2020

El Centro Democrático está concentrando toda la atención, enfrente a la defensa del expresidente Álvaro Uribe, con un antiguo contrato, registrado por el gobierno de Juan Manuel Santos, en plena negociación de paz con las ex Farc, todo esto dentro del proceso que la Corte le seguía por soborno y fraude procesal, pero que ahora se encuentra en manos de la Fiscalía General de la Nación, para el uribismo, esto establecería un impedimento, por ser el ex presidente Santos un supuesto enemigo público de Álvaro Uribe, y miembros de la oposición rechazan recordando que el fiscal también tuvo contratos con el gobierno Uribe.

Los documentos revelan que el personal de la oficina del Comisionado de Paz estaba desbordada y se quería ir a las cárceles a verificar la situación de cada uno de los miembros de las FARC que iban a ser parte del proceso de paz, según estos documentos que reposan en la Casa de Nariño, era verificar la voluntad de paz y reinserción a la vida civil de los alzados en armas y para ello se pidieron tres cotizaciones a tres firmas, aunque no se explica por qué se invitaron a las seleccionadas, sí consta que además que la de Reyes, se invitaron a Lequity SAS y a Arrieta Mantilla y Asociados, firma del ex procurador Carlos Gustavo Arrieta.

«Por razones de fuerza mayor, materializados e insuperables dificultades relacionadas con el proceso de obtención o recolección de la información de las fichas de caracterización de internos Farc EP en juzgados y cárceles del país. En muchos casos los profesionales han encontrado falencias importantes en el registro y actualización de la información previa de las actividades de investigación, juzgamiento y ejecución de las penas, sobre todo en los juzgados de penas y medidas de seguridad, situación que ha generado demoras en la ejecución y acceso a los expedientes”, reveló Sergio Jaramillo Caro.

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Fuente: Redacción Hoy En Bogotá, Camilo Muñoz.

 

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