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La defensa de Álvaro Uribe asegura que en el caso por manipulación de testigos no se ha imputado ningún cargo a su defendido según los juristas, la Corte Suprema se extralimitó al hacer esta solicitud, este es el argumento de Jaime Granados, abogado encargado de la defensa de Álvaro Uribe, en un oficio presentado al ente acusador, Granados presentó ante el despacho del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, la solicitud.

El motivo de la misma estaría amparado en la ley 906 de 2004, que exige que las medidas de aseguramiento sean emitidas por un juez de garantías, el proceso de Álvaro Uribe era llevado en la Corte Suprema a través de la ley 600 de 2000.

“Jaime Granados, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acudo, de forma respetuosa, ante su honorable despacho a fin de solicitar la adecuación de la investigación al procedimiento establecido en la ley 906 de 2004, así como la libertad inmediata de mi prohijado”.

En primer lugar, que la indagatoria no pueda equipararse a formulación de imputación, así las cosas, estarían en un escenario de imposición de medida de aseguramiento sin la existencia de formulación de imputación, son varias las razones por las cuales, la nueva realidad procesal, impone que la privación de la libertad, ordenada por la Corte, no pueda seguir teniendo validez, en el marco de la ley 906 de 2004.

“La detención preventiva, en las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, se rige por instituciones y procedimientos distintos que no pueden homologarse de forma automática, correspondiendo la prevalencia de la libertad en caso de que se deba pasar de un sistema al otro por razones de competencia”.

El contrato que estaría defendiendo a Álvaro Uribe, desde Estados Unidos

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Fuente: Redacción Hoy En Bogotá, Camilo Muñoz.