Jean Carlo Mejía Azuero. MCL – PhD.
Profesor de DIH, Derecho Penal Internacional y DOPER.
«No obstante, los datos recientes muestran que Bogotá y Cartagena fueron las ciudades con la mayor percepción de inseguridad, con tasas de 84 % y 74 %, respectivamente.» fuente. PORTAFOLIO.
Sin percepción de seguridad todo queda cuesta arriba en materia de estrategias en ese ámbito. Los bogotanos nos sentimos inseguros, así la Policía haga hasta casi lo imposible con un pie de fuerza reducido, sin la preparación profunda que se necesita, porque los procesos de incorporación y preparación realizados muy bien en lo formal institucionalmente, terminan cediendo ante la presión política de resultados.
Además tenemos leyes para todo, pero los procesos de judicialización son terribles en Colombia; perversos en realidad, y la gente se siente revictimizada y no los quiere usar. Las denuncias virtuales sólo sirven para las frías y terribles estadísticas, porque la carga de la prueba se la trasladan a la víctima, quien tiene que acreditar con facturas y demás evidencias documentales qué fue lo hurtado, el valor, entre otros.
Imagen tomada de uniminutoradio.com.co
Todos sabemos que el cuello de botella en materia penal es la investigación. La visión pérfida de denuncias y capturas nos tiene en el abismo en la práctica porque se hace con fines de mediatización y sin estudios profundos a nivel criminológico.
Si a eso se le suma el grave problema de la ausencia de liderazgo en el ente investigador, el panorama se torna más sombrío.
Las cifras y estudios publicados por el DANE, se originan en datos del 2018, así que la actual administración se los encuentra en pleno contexto de Covid, con restricciones de movilidad y claro, con el hurto disparado de bicicletas de toda gama, celulares y además de la tenebrosa práctica del ingreso a residencias a través de fachadas.
La inteligencia criminal podría haber prevenido esta situación, pero básicamente no se le usa por el desconocimiento civil sobre estas herramientas. Con la alta desconfianza en las autoridades de investigación y las judiciales, además de una policía desbordada, solo nos queda volver a la prevención colectiva e individual.
Imagen tomada de www.dane.gov.co
También resulta esencial proponer una reestructuración en la forma en que se denuncia cuando el delito es cometido y verificado en vivo y en directo por cámaras. La Fiscalía debería dejar atrás el trato dado a las víctimas a través de la imposición de una carga de la prueba casi imposible de cumplir. El principio de buena fe debe primar ante la declaración del afectado.
Debe existir una base de datos de domiciliarios, y resulta esencial empoderar frentes locales de seguridad y sistemas de alertas tempranas. La policía debe volcar todos sus esfuerzos hacia la inteligencia humana y la inteligencia criminal, con gente mejor formada y más disciplinada.
Por otro lado la presencia policial debe ser polivalente en medios y métodos, flexible, poco previsible, pues es fácil de detectar por prácticas, rutinas y ubicaciones. Y claro, delincuencia hay porque existen redes que facilitan todo, y allí la lucha contra la corrupción juega un papel preponderante.
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